Resumen: La reforma operada por la Ley 41/2015, en el régimen de recursos del orden jurisdiccional penal, supuso que se introdujera un recurso de apelación en los procedimientos que, antes de la reforma se enjuiciaban en única instancia. La casación, en este caso concreto, no experimentaba modificación legal en la reforma, pero el hecho de instaurar una segunda instancia previa, cuando antes no existía, suponía necesariamente que el alcance y ámbito del recurso de casación debía variar, para resituar al mismo en el lugar que le correspondía en la cadena de instancias sucesivas.
El antiguo abuso y actual agresión sexual son conductas distintas, pero no necesariamente abocadas a recibir la misma respuesta punitiva, pues en abstracto se ha fijado una amplia horquilla penológica que, más allá de las normas de individualización de obligada aplicación, en cuanto convive con el artículo 66 CP, permite discriminar pena en atención a la mayor o menor gravedad del hecho, y las circunstancias del autor.
Por su naturaleza, las víctimas de delitos sexuales exponen una línea de progresividad en su declaración que determina que puedan existir modificaciones puntuales que, para el recurrente, puedan resultar relevantes; pero que, en un contexto de gravedad, como el relatado en los hechos probados, no tienen el rango que podría conllevar una duda capaz de apuntar a la falta de credibilidad de la víctima.
Resumen: Se ratifica la calificación de delito de asesinato intentado, no homicidio, al concurrir la circunstancia agravante de alevosía. Envío de una caja de puros con un dispositivo capaz de activar un disparo. Se analiza la excepcionalidad de la admisión de la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia, impugnada en casación (art. 849.2 LECrim.)
Resumen: Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia condenatoria por la comisión de un delito intentado de robo con fuerza.
Alegan los recurrentes infracción del derecho de presunción de inocencia e invalidez del reconocimiento efectuado en el acto del juicio y error en la valoración de la prueba en cuanto a su condición de enfermos mentales y toxicómanos e inaplicación de las atenuantes consecuentes.
Considera el Tribunal que la valoración probatoria se presenta acorde a la lógica y las máximas de la experiencia, con más razón ya que los acusados no sólo no habían negado los acusados su participación en los hechos, puesto que en el curso de la instrucción de la causa se acogieron a su derecho a no declarar y no comparecieron, ni alegaron justa causa para ello, al juicio, sino que ante el Juzgado de Instrucción sus defensas se opusieron a la toma de muestras biológicas de sus clientes para obtención de ADN alegando que ya estaban "completamente identificados".
la Sala entiende que las razones que expone la Juzgadora a quo para descartar la concurrencia de circunstancias atenuantes no pueden tacharse de ilógicas o irracionales, pues nada constamás allá de la apariencia física descrita por las testigos, como indicio de toxicomanía. Ello es consecuencia de que los acusados, citados por dos veces para ser examinados por el Médico Forense para la emisión de informes sobre su situación de dependencia a sustancias tóxicas e influencia en su ánimo y conciencia, dejaron de acudir.
Resumen: Aplicación retroactiva de la LO 10/2022 por ser más favorable.
Resumen: Se analiza la sentencia que ratificó la condena por delito de asesinato en grado de tentativa, en concurso ideal con un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad física de las personas, con la agravante de parentesco y la atenuante analógica simple de alteración psíquica, un delito contra la Administración de Justicia, un delito de descubrimiento de secretos y la absolución por los delitos de lesiones, coacciones, amenazas, maltrato habitual y hurto.
Tratamiento de la formulación de motivos per saltum. La parte tuvo la oportunidad de cuestionar el juicio de tipicidad mediante el recurso de apelación, permitiendo así que el Tribunal Superior se pronunciara, pero lo descartó. No siendo admisible que los motivos queden hibernados hasta que la parte decida hacerlos valer, introduciéndolos como objeto del recurso de casación. Todos los gravámenes generados por la sentencia de instancia deben intentar repararse mediante el primero de los recursos devolutivos que lo permita. Y, para ello, la parte dispone de diversos mecanismos de articulación de los distintos motivos -en forma cumulativa, alternativa, subsidiaria, condicionada...- para poder diseñar una estrategia defensiva razonable y teleológicamente orientada. De no hacerse así, cabe presumir, razonablemente, que la parte ha renunciado a hacer valer los gravámenes omitidos.
La casación no puede convertirse, por razones de oportunidad pretensional de la parte, en segunda instancia sin riesgo de desnaturalizar intensamente la función y la finalidad que cumple en el sistema de recursos -vid. STS 651/2025, de 7 de julio-.
Resumen: La Sala estima recurso de casación interpuesto contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirma en apelación auto que acordaba el archivo de las actuaciones por falta de acreditación de la representación procesal, anulando la misma y ordenando la continuación del recurso instado por el recurrente, conforme a lo establecido en la LJCA. La Sala, reiterando doctrina jurisprudencial considera que en los casos de actuación ante los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos unipersonales, la designación de procurador de oficio por parte del Colegio profesional a quien resulta ser beneficiario de asistencia jurídica gratuita, hace innecesario que dicha persona deba realizar el acto complementario de otorgamiento de la representación al referido profesional por medio de poder notarial o comparecencia apud acta para poder ser legalmente representado por dicho procurador ante los referidos órganos jurisdiccionales.
Resumen: La condenada formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratificó la condena dictada por la Audiencia Provincial en el ámbito del proceso ante el Tribunal del Jurado por un delito de cohecho pasivo. Quebrantamiento de forma por denegación de la suspensión del juicio oral por falta de comparecencia de uno de los acusados. Doctrina de la Sala. Para que prospere este motivo, se exige: a) Que hubiera causa fundada que se oponga a juzgar por separado al acusado comparecido y al no comparecido. b) Que no haya recaído declaración de rebeldía respecto del acusado incomparecido, pues en estos supuestos el artículo 842 de la LECRIM expresamente establece la continuación del curso de la causa respecto a los no rebeldes; y c) Que la parte que discrepe de la decisión de continuación haga constar la oportuna protesta (artículo 855.3 LECRIM). Imparcialidad del tribunal y su intervención en el trámite de informe oral. El informe oral en el juicio ante el Tribunal del Jurado posee particularidades que lo diferencian de otros procedimientos. Debe enfocarse principalmente en los hechos que la parte considera demostrados y en las pruebas que sustentan dicha conclusión. Corresponde a la parte procesal valorar cada prueba y fundamentar su credibilidad o falta de ella, explicando por qué se otorga mayor o menor fiabilidad a las declaraciones del acusado, de los testigos o a un informe pericial. Objeto del veredicto. Las reglas de construcción del objeto del veredicto tanto en la fase predeliberativa (que incumbe al magistrado-presidente) como en la específica de deliberación y decisión (que atañe al jurado) identifican con suficiente claridad la función del hecho alegado y el alcance de los efectos vinculatorios, proposicionales y decisionales, que se derivan del mismo. El objeto del veredicto delimita el marco fáctico-comunicativo sobre el que se asienta la pretensión de condena, vedando tanto al magistrado-presidente como al Jurado de toda facultad de ampliación o modificación en perjuicio de la persona acusada.
Resumen: Reclamación por miembro de la carrera fiscal al Ministerio de Justicia solicitando el abono de determinadas diferencias retributivas de su sueldo base, consistentes en que, pese a su condición profesional de Abogado Fiscal, le fueran satisfechos los correspondientes a la de Fiscal de la Segunda categoría, por haber estado desempeñando esas funciones de modo efectivo, así como funciones de coordinación. El Tribunal Superior de Justicia, además de desestimar las causas de inadmisibilidad del recurso alegadas por la Abogacía del Estado y analizar la normativa y doctrina jurisprudencial sobre retribuciones básicas de Jueces que ocupan plazas de Magistrados, estima la pretensión actora, no tanto por las diferencias retributivas entre categorías, sino en base al desempeño de funciones de coordinación, ligadas a la condición de fiscal de la segunda categoría. La sentencia es impugnada por la Abogacía General del Estado. En sede de recurso de casación se plantea como cuestión de interés casacional si un miembro de la Carrera Fiscal con la categoría de Abogado Fiscal puede recibir el sueldo, como retribución básica, de Fiscal cuando se encuentra destinado en plaza correspondiente a esta última categoría y si, a efectos de dar respuesta a la anterior cuestión, puede tener alguna incidencia la circunstancia de que el desempeño de ese destino conlleve el desarrollo de labores de coordinación. La Sala menciona precedentes jurisprudenciales relativos a miembros de la carrera judicial, que se encuentra equiparada a la carrera fiscal y subraya que la peculiaridad de este caso respecto de los anteriores es que el actor realizó tareas de coordinación en la Fiscalía de destino. Sobre esta cuestión, la Sala analiza la normativa de interés respecto de la figura de Fiscal coordinador y concluye que es el legislador ( artículo 4 de la Ley 15/2003) el que ha establecido que las remuneraciones básicas de los miembros de la Carrera Fiscal vengan determinadas por las categorías personales en las que se encuadran, con independencia de las funciones que aquéllos desempeñen en las Fiscalías de destino. Por tanto, si en el período de tiempo a que se refiere la reclamación, el demandante ostentaba la categoría de Abogado Fiscal, las remuneraciones básicas entonces percibidas fueron conformes a Derecho.
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción.
El principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casación. El principio "in dubio pro reo" nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación.
En los casos de daños morales derivados de agresiones sexuales la situación padecida por la víctima produce, sin duda, un sentimiento de indignidad, legitimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, suposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad.
Resumen: La Gamma butirolactona (GBL) es sustancia sometida a fiscalización que causa grave daño a la Salud.
En cuanto a su destino, el volumen de la sustancia ocupada constituye el único indicio sobre el que la Audiencia basa su convicción respecto del propósito de venta.
No puede automatizarse el criterio de la cantidad. Estamos ante un tema probatorio: no de fijar fronteras entre cantidades permitidas y no permitidas, Lo que no se permite es la distribución. Y lo que se castiga es la tenencia para distribución a terceros. Solo si este elemento está probado de forma concluyente podrá legitimarse una sentencia condenatoria.
Aquí es verdad que la cantidad podría sugerir una dedicación que iría más allá del propio autoconsumo. Pero, a la vista de las circunstancias expuestas por el recurrente -su condición de consumidor, la forma en que se presenta la sustancia y otras- no puede descartarse de forma rotunda la hipótesis contraria.
